Categoría: Financiamiento

  • FIRA capta 4,500 millones de pesos para el campo mexicano

    FIRA capta 4,500 millones de pesos para el campo mexicano

    El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (conocido como FONDO), uno de los cuatro fideicomisos que integran el sistema FIRA y que administra el Banco de México, colocó 4,500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.

    La operación se realizó a través de tres emisiones de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo, destinadas a fortalecer el financiamiento para proyectos del sector agropecuario y rural. Esto equivale a poco más de 266 millones de dólares, y se llevó a cabo bajo el mecanismo de vasos comunicantes, en el que una serie de emisiones simultáneas no puede rebasar en conjunto el monto máximo establecido para la colocación.

    De los tres instrumentos, el primero (FONDO 26) permitió obtener 1,337.5 millones de pesos, con vencimiento a 1.5 años y una tasa de interés variable resultante de sumar 0.30% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo.

    El segundo (FONDO 26-2) aportó 2,234.25 millones de pesos, a un plazo de 5.5 años y con una tasa fija bruta anual de 9.11%. El tercero (FONDO 26S) es un bono con etiqueta social y sumó 928.25 millones de pesos, con vencimiento a 4.5 años y una tasa de 8.84%, resultado de agregar 0.43% a la tasa del MBono 31.

    En conjunto, la emisión fue calificada con las notas AAA(mex) de Fitch México y AAA/M de PCR Verum, las más altas dentro de la escala nacional con grado de inversión.

    Lo relevante está en el destino de los recursos. El dinero se usará para facilitar el acceso al crédito y otorgar garantías financieras que impulsen proyectos productivos en el sector agropecuario y rural, es decir, para que productores que normalmente enfrentan más obstáculos para conseguir financiamiento en la banca comercial puedan acceder a él en mejores condiciones.

    FIRA no presta directamente al productor final en la mayoría de los casos, sino que actúa como intermediario que respalda a bancos y otras entidades financieras, por lo que cada peso que capta en el mercado se traduce, en teoría, en más crédito disponible para el campo.

    La estrategia de combinar plazos cortos, medianos y largos (1.5, 4.5 y 5.5 años) también tiene lógica financiera. Le permite a FONDO ajustar sus fuentes de pago a distintos tipos de cartera de crédito, sin depender de un solo vencimiento que concentre el riesgo.

    Además, la inclusión de un bono social confirma una tendencia que ya se venía observando en emisiones anteriores del sistema FIRA, como la de FEFA (otro de sus fideicomisos), que en julio colocó 8,000 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores con instrumentos similares, incluido uno etiquetado por razones de género, y que registró una sobredemanda de tres veces el monto buscado.

    Esto sugiere que los inversionistas institucionales, sobre todo fondos con mandatos de impacto social o ambiental, están mostrando apetito real por este tipo de papel.

    Para el sector agropecuario, el trasfondo es igual de importante que el monto. En un contexto donde el gasto público enfrenta presiones y limitaciones, que un fideicomiso como FONDO recurra al mercado de valores en lugar de depender únicamente del presupuesto federal es una señal de que el financiamiento rural en México se está apoyando cada vez más en herramientas de deuda privada, respaldadas por calificaciones altas que abaratan el costo del crédito para quienes finalmente lo reciben, los productores del campo.

    Fuente: Yahoo Noticias

  • Gobierno mexicano impulsa crédito para el jitomate

    Gobierno mexicano impulsa crédito para el jitomate

    Entre el 3 de junio y el 14 de agosto de este año, el gobierno de México canalizó más de 248 millones de pesos hacia productores de jitomate. El dato lo confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que detalló que ese monto se repartió en 48 créditos gestionados a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y entregados mediante distintos bancos e intermediarios financieros.

    Por ahora, la entrega se ha concentrado en cuatro estados, Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca, que encabezan la lista de beneficiarios en esta primera etapa. Eso no significa que el resto del país quede fuera, sino que estas entidades fueron las primeras en recibir los recursos dentro de un esquema que apenas comienza a desplegarse.

    Este financiamiento no aparece de forma aislada. Forma parte del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, un pacto voluntario firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con representantes de productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. La idea detrás de este acuerdo es coordinar a todos los actores de la cadena para evitar que el mercado del jitomate se mueva de forma errática, algo que afecta tanto a quien lo cultiva como a quien lo compra en el mercado.

    Lo interesante aquí es quién está detrás de la ejecución. No es solo SADER la que participa, también está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y FIRA como brazo financiero. Esa combinación no es casual. Hacienda aporta la parte fiscal y de financiamiento, Profeco vigila que los precios lleguen justos al consumidor y FIRA pone el dinero en movimiento a través de la banca. Es, en otras palabras, un intento de atacar el problema del jitomate desde varios frentes a la vez, en lugar de limitarse a repartir crédito y esperar que el mercado se ordene solo.

    También suman fuerzas equipos técnicos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida. Esto sugiere que el acuerdo no se limita a inyectar liquidez, sino que busca acompañar a los productores con conocimiento técnico y sanitario, además de incluir a productores de pequeña escala que participan en programas sociales como Sembrando Vida.

    Para un productor de jitomate, esto puede traducirse en acceso a capital que antes era más difícil de conseguir, ya sea para renovar infraestructura, comprar insumos o sostener la producción durante temporadas complicadas. Para el consumidor, la apuesta es que un sector mejor financiado y coordinado con la autoridad de protección al consumidor derive en precios más estables en el mercado.

    El hecho de que el acuerdo sea voluntario también dice algo. En lugar de imponer reglas desde arriba, el gobierno optó por sentar a la mesa a todos los eslabones de la cadena, desde quien siembra hasta quien vende en el supermercado. Si este modelo funciona con el jitomate, no sería extraño verlo replicado en otros cultivos donde la volatilidad de precios también genera fricciones entre productores y consumidores.

    Fuente: Redagrícola