Categoría: Legislación

  • Exportar aguacate exigirá acreditar derechos laborales

    Exportar aguacate exigirá acreditar derechos laborales

    El aguacate mexicano entra a una nueva etapa de control laboral. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) incorporó este producto al Certificado Laboral para la Agroexportación, un mecanismo que permitirá revisar si quienes participan en la cadena cumplen con obligaciones laborales y de seguridad social.

    La medida llega en un momento de fuerte dinamismo comercial. Entre enero y abril de 2026, México exportó 501,824 toneladas de aguacate, frente a 370,551 toneladas en el mismo periodo de 2025. La STPS destacó que las exportaciones hacia Estados Unidos crecieron 35% durante ese lapso, pero menciona que el valor económico generado por el aguacate no siempre se refleja en salarios dignos ni en acceso a seguridad social para quienes trabajan en el campo.

    El nuevo certificado busca introducir una verificación laboral dentro de una cadena que tradicionalmente se ha evaluado por aspectos productivos, sanitarios y comerciales. Esto cambia el alcance de lo que significa cumplir para exportar. La revisión no se limitará a la empresa que coloca el producto en el mercado internacional. También abarcará a productores, huertos y otros participantes de la cadena de valor.

    Ese punto es relevante porque el aguacate pasa a tratarse como una cadena completa y no solo como un producto que cruza la frontera. La STPS sostiene que los beneficios del comercio internacional se generan desde el pequeño productor hasta las empacadoras y comercializadoras. Bajo esa lógica, la responsabilidad laboral también debe poder rastrearse a lo largo del proceso.

    La implementación comenzará con un programa piloto y será progresiva. Desde el 15 hasta el 30 de septiembre de 2026, los solicitantes deberán registrarse en la plataforma VELAGRO y entregar información estadística de sus operaciones durante los últimos 12 meses. Después, entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre, deberán incorporar información de productores, huertos y demás participantes vinculados con su cadena.

    Con esos datos, la autoridad podrá verificar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social antes de emitir el certificado correspondiente. El programa piloto también servirá para ajustar los componentes operativos y de verificación antes de que el esquema pase a un régimen permanente.

    La implicación más clara es que la competitividad exportadora del aguacate comienza a relacionarse de forma más visible con las condiciones laborales bajo las cuales se produce. Para las empresas, el certificado añade una capa de trazabilidad que ya no se concentra únicamente en el origen y movimiento del producto, sino también en el cumplimiento de quienes participan en su producción.

    La STPS considera que este mecanismo puede dar mayor certeza a las empresas y responder a exigencias internacionales relacionadas con trabajo digno y derechos humanos. El alcance real dependerá de cómo funcione el piloto y de los ajustes que se hagan después. Por ahora, el mensaje regulatorio es claro. El crecimiento del aguacate mexicano en los mercados internacionales estará acompañado por una revisión más estructurada de las condiciones laborales dentro de su cadena de valor.

    Esto incorpora una nueva variable al acceso exportador.

    Fuente: La Jornada

  • El presupuesto agrícola crecería 13.4% en México para 2027

    El presupuesto agrícola crecería 13.4% en México para 2027

    El presupuesto federal destinado a agricultura y desarrollo rural podría registrar uno de sus mayores aumentos recientes en 2027. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla 88,758 millones de pesos para el sector, frente a los 75,836 millones aprobados para 2026.

    La diferencia es de 12,922 millones de pesos. En términos nominales representa un crecimiento de 17%, pero al descontar el efecto de la inflación el incremento sería de 13.4%. Este último dato permite dimensionar mejor el cambio, porque muestra cuánto aumentaría realmente la capacidad de gasto del sector.

    El crecimiento propuesto destaca dentro del presupuesto federal. Entre los ramos administrativos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendría el segundo mayor incremento real para 2027. Solo la Secretaría de Marina tendría un aumento superior, con 19.4%.

    Sin embargo, el incremento no significa que todos los organismos vinculados con el campo vayan a disponer de más recursos en la misma proporción.

    El proyecto plantea diferencias importantes entre instituciones. Entre las que recibirían mayores aumentos aparece el Colegio de Postgraduados (COLPOS), dedicado a investigación y vinculación en ciencias agrícolas, pecuarias, forestales y agroalimentarias. Sus recursos pasarían de 2.2 millones de pesos ejercidos durante 2026 a 6.2 millones en 2027, lo que representa un incremento nominal de 181%.

    También aumentarían los recursos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), que pasaría de 7.2 a 10.6 millones de pesos, con un crecimiento de 45%. La Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) subiría de 4.3 a 5.8 millones, equivalente a 34%, mientras el Fideicomiso de Riesgo Compartido avanzaría de 8.7 a 10.9 millones, un aumento de 24.8%.

    La distribución también incluye reducciones. El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural tendría una disminución nominal de 0.36%, al pasar de 2,094 a 2,086 millones de pesos.

    Además, existen instituciones cuyos presupuestos aumentarían ligeramente en pesos, pero perderían capacidad de gasto una vez considerada la inflación. Ese sería el caso de la Universidad Autónoma Chapingo, con una disminución real de 0.25%, y del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, con una baja real de 0.48%.

    Por eso, la cifra de 88,758 millones de pesos debe leerse en dos niveles. El primero muestra una expansión relevante del gasto federal destinado al sector agrícola. El segundo revela que el aumento no se distribuiría de manera uniforme y que las prioridades presupuestarias cambiarían entre instituciones.

    También es importante considerar que estas cifras todavía forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. El documento fue enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, por lo que los montos aún pueden modificarse durante la discusión y aprobación del presupuesto.

    Si se mantiene la propuesta, el sector agrícola comenzaría 2027 con una capacidad de gasto federal claramente superior a la de 2026. El tamaño del incremento es relevante, pero su efecto dependerá finalmente de dónde se concentren esos recursos y de los programas e instituciones que terminen recibiéndolos.

    Fuentes: La Jornada

  • Trigo mexicano recibe apoyo extra ante clima adverso

    Trigo mexicano recibe apoyo extra ante clima adverso

    A partir del 20 de agosto de 2026, México pondrá en marcha un incentivo de hasta 2,000 pesos por tonelada de trigo panificable comercializado, dirigido a productores de 13 estados que participaron en el ciclo Otoño-Invierno 2025/26.

    El programa, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), busca aliviar el ingreso de un sector que enfrentó costos de producción altos, condiciones de mercado exigentes y, en algunas zonas, problemas climáticos durante el ciclo agrícola.

    El esquema funciona con dos componentes. El primero es una base de 1,800 pesos por tonelada, disponible para todos los productores que cumplan los requisitos de elegibilidad. El segundo suma otros 200 pesos por tonelada, pero solo para quienes hayan sido afectados por la falta de horas frío, un fenómeno climático que altera el desarrollo normal del cultivo. Así, el tope de 2,000 pesos no llega a todos por igual, sino que depende de la ubicación y de las condiciones específicas de cada campo.

    La cobertura incluye a productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, siempre que estén inscritos en el padrón correspondiente y cumplan las Reglas de Operación del Programa Comercio Justo para el ejercicio fiscal 2026.

    Para entender la magnitud de esta cifra conviene pensarla a escala. Un productor que comercialice 100 toneladas con el incentivo máximo recibiría 200,000 pesos, mientras que uno con 500 toneladas alcanzaría un millón de pesos. Es un monto que, sumado al precio de venta habitual, puede cambiar de forma notable el resultado final de una campaña, sobre todo para quienes operan con márgenes ajustados.

    Este tipo de apoyo no es nuevo. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían pagado incentivos por la cosecha del ciclo anterior (2024/25), beneficiando a 14,684 productores de 14 estados con una inversión superior a 1,755 millones de pesos. En Baja California, por ejemplo, 446 productores ya recibieron 104.5 millones de pesos bajo este tipo de política.

    La relevancia del trigo panificable va más allá del bolsillo de cada agricultor, ya que es la materia prima de la harina y de numerosos productos de consumo diario. Por eso, cuando el sector enfrenta dificultades económicas, el efecto puede sentirse también en la disponibilidad del grano dentro del país.

    El componente extraordinario vinculado al frío insuficiente pone en evidencia algo que suele quedar en segundo plano y es que el clima no solo afecta el volumen cosechado, sino también el ingreso final del productor. Un incentivo mejora el precio que recibe cada tonelada, aunque no elimina la presión de los costos ni asegura por sí solo que la explotación sea rentable.

    El verdadero valor de esta medida se conocerá con el tiempo, en función de cuántos productores logren acceder al programa, qué volumen resulte elegible y qué tan significativo sea el monto frente a los gastos reales de producir trigo en cada región. Para miles de trigueros mexicanos, la pregunta ya no es solo cuánto van a cosechar, sino cuánto dinero les queda después de vender cada tonelada.

    Fuente: Agrolatam

  • California exige menos plástico y agricultores dudan

    California exige menos plástico y agricultores dudan

    California avanza con la Ley SB 54 (Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act), una normativa que busca reducir el plástico de un solo uso en empaques y productos desechables.

    La idea de fondo es simple, quien produce el empaque debe hacerse cargo también de su destino final. Para lograrlo, la ley obliga a los productores a inscribirse en una organización responsable de la gestión de residuos y a reportar información detallada sobre sus materiales.

    El problema es que varios plazos ya se cumplieron y, según relatan productores agrícolas, la implementación está generando más confusión que claridad. Jason Resnick, de Western Growers Association, explicó que la ley traslada los llamados “costos de fin de vida útil” del empaque hacia quienes lo producen. Esto suena razonable en el papel, pero en la práctica agrega una capa de trabajo administrativo que muchas empresas agrícolas no estaban preparadas para asumir.

    Organizaciones como California Citrus Mutual y California Fresh Fruit Association coinciden en que apoyan el objetivo ambiental de la ley, pero cuestionan su diseño. Jacob Villagomez, de Citrus Mutual, señala que cualquier transición de empaques debe equilibrar el beneficio ambiental con la seguridad alimentaria, la calidad del producto y su costo final para el consumidor. Casey Creamer, de Fresh Fruit Association, va más allá y advierte que persiste confusión sobre definiciones y responsabilidades, además de que los plazos avanzaron más rápido que la capacidad del sector regulatorio para explicar cómo cumplirlos.

    A nivel operativo, el impacto se siente todavía más fuerte. Justin Bedwell, de Bari Produce LLC, cuenta que reunir los datos exigidos desde 2023 (peso, tipo de material y otros criterios) tomó horas valiosas durante la temporada alta de cosecha, un momento en el que ese tiempo simplemente no sobra. Y esto es solo el comienzo, porque las exigencias sobre reducción de fuentes, contenido reciclado y tarifas seguirán llegando en los próximos años.

    Aquí aparece uno de los puntos más delicados del debate, el dinero. Circular Action Alliance, la organización elegida para operar el sistema de reciclaje del estado, proyecta un presupuesto de cinco años que va de 9,300 millones a 17,200 millones de dólares, financiado enteramente por los productores californianos de materiales cubiertos por la ley. Bedwell es claro al respecto, ese costo terminará trasladándose al consumidor final, y golpeará con más fuerza a los productores pequeños, que no tienen la misma capacidad de absorber gastos adicionales que las grandes empresas.

    CalRecycle, la agencia estatal detrás de la ley, defiende el proceso. Melanie Turner, su vocera para SB 54, sostiene que el nuevo sistema es mejor que el anterior, donde los costos y la contaminación terminaban recayendo en familias, contribuyentes y gobiernos locales sin capacidad real de decidir sobre el diseño del empaque. Según ella, el programa avanza como “un dial, no un interruptor”, dando a los productores flexibilidad para rediseñar empaques e invertir en reciclaje de forma gradual.

    Lo que queda claro es que nadie discute el objetivo ambiental. La tensión está en el ritmo de implementación y en si existen alternativas de empaque que funcionen tan bien como el plástico para proteger productos perecederos, sin encarecer aún más la cadena de suministro agrícola.

    Fuente: The Packer

  • SCJN reitera los derechos de los jornaleros agrícolas

    SCJN reitera los derechos de los jornaleros agrícolas

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de avalar, por unanimidad, tres proyectos que cambian de fondo lo que se espera de quienes contratan mano de obra en el campo mexicano.

    La propuesta, presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, establece que las personas jornaleras agrícolas tienen derecho a hospedaje gratuito, alimentación adecuada, agua potable y servicios sanitarios en sus lugares de trabajo. En algunos casos también se contempla el acceso a asistencia médica, medicamentos, guarderías y educación para las familias que se trasladan junto con quienes trabajan la tierra.

    Para entender por qué esto importa hay que ver lo que dice, en el fondo, la resolución. El Pleno sostuvo que la obligación de dar alojamiento gratuito tiene una base constitucional (no es una recomendación ni un gesto de buena voluntad, sino un derecho exigible). Esto significa que los espacios donde viven las personas jornaleras deben cumplir con condiciones mínimas de seguridad, higiene y habitabilidad, tanto para quien trabaja como para su familia, si la tiene consigo.

    El punto central de la discusión fue que el salario, por sí solo, no es suficiente para considerar que existe una relación laboral justa. Según lo expuesto ante el Pleno, las condiciones de trabajo deben incluir también elementos básicos para la salud y el bienestar, como comer de forma sana y suficiente, o tener acceso a agua apta para consumo humano. Es un cambio de perspectiva que separa el pago del trabajo (lo que se recibe a cambio del esfuerzo) de las condiciones mínimas para vivir con dignidad mientras se realiza ese esfuerzo.

    Las implicaciones de esta resolución son amplias. Para empezar, coloca a los empleadores agrícolas frente a una nueva exigencia legal que va más allá del cumplimiento salarial. Quienes contratan jornaleros ya no solo deben preocuparse por pagar a tiempo, sino por garantizar infraestructura básica en los campamentos y centros de trabajo (baños, agua potable, espacios habitables).

    Esto puede representar un costo adicional para el sector, especialmente en regiones donde la contratación de jornaleros migrantes es una práctica común y donde, históricamente, las condiciones de vivienda han sido precarias.

    Por otro lado, esta resolución también da a las personas jornaleras una herramienta jurídica concreta. Antes de esto, muchas de estas exigencias existían como buenas prácticas o como parte de discursos sobre derechos humanos, pero no necesariamente como una obligación con respaldo directo de la Corte. Ahora, si un empleador no ofrece estas condiciones, existe un fundamento judicial claro para exigirlas.

    También hay una dimensión simbólica importante. El hecho de que el máximo tribunal del país se haya pronunciado por unanimidad sobre este tema envía un mensaje sobre cómo debe entenderse el desarrollo del campo mexicano. Ya no se trata solo de producción, exportaciones o rendimiento agrícola, sino de las condiciones en las que viven y trabajan las personas que hacen posible esa producción.

    Queda pendiente ver cómo se traduce esta resolución en la práctica diaria de los campos agrícolas, y qué mecanismos de vigilancia o sanción se activarán para asegurar su cumplimiento.

    Fuente: La Prensa

  • Europa impone nuevas reglas de envases y el reloj corre

    Europa impone nuevas reglas de envases y el reloj corre

    A partir del 12 de agosto, la Unión Europea comienza a aplicar el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (conocido como PPWR). Esto no es un simple ajuste técnico. Es una regla única para los 27 países del bloque, que reemplaza el mosaico de normas nacionales que existía antes y que afecta a cualquier producto que llegue a Europa, sin importar de dónde venga. Cajas de cartón, mallas, bandejas, etiquetas y envases para transporte quedan bajo esta nueva lupa.

    El primer golpe llega de inmediato y sin margen de adaptación. Desde el día en que entra en vigor, quedan restringidas las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en envases que tienen contacto con alimentos.

    Jacqueline Mailly, asesora en temas regulatorios de la Unión Europea, fue clara al advertir que las empresas no tendrán un período de transición para vender el inventario de envases que no cumpla con la norma. Eso significa que, si un exportador tiene bodegas llenas de material no conforme, ese material simplemente deja de servir.

    ¿Por qué Europa endurece tanto esta regulación? Las cifras ayudan a entenderlo. Los envases representan el 50% de la basura marina, el 40% de los residuos plásticos y el 36% de los residuos sólidos urbanos en la Unión Europea. En 2022, cada habitante europeo generó cerca de 186 kilogramos de residuos de envases, y la industria alimentaria concentra dos tercios de todo lo que se vende empacado en el bloque. Con ese panorama, la Comisión Europea decidió que ya no bastaba con recomendaciones sueltas por país.

    Para quienes exportan frutas y hortalizas frescas, hay una fecha que conviene marcar desde ahora, el 1 de enero de 2030. Ese día quedará prohibido el uso de envases plásticos de un solo uso para productos frescos con peso inferior a 1.5 kilogramos, lo que incluye bolsas, mallas, bandejas y recipientes.

    Existen algunas salidas, como envases con menos de 5% de contenido plástico o excepciones que cada país podrá definir cuando el empaque sea necesario para evitar pérdida de agua o daño físico del producto.

    Pero la Comisión Europea ya está revisando esas excepciones para que no se conviertan en un parche desigual entre países, y pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria una opinión científica antes de que termine el año.

    El cumplimiento no se limita al material del envase. La normativa exige documentación técnica, evaluaciones de conformidad y trazabilidad digital, que en muchos casos se resolverá con pasaportes digitales y códigos QR. Esa documentación deberá guardarse durante cinco años para envases desechables y diez años para los reutilizables. Y aquí hay un matiz importante, la definición legal de “fabricante” puede incluir a empresas que ni siquiera producen físicamente el envase, sino que solo lo diseñan o lo comercializan bajo su propia marca.

    Las consecuencias de no cumplir van más allá de una multa. Los países pueden imponer sanciones de hasta 200,000 euros por infracción, retener mercancía en aduana, prohibir la venta del producto o incluso retirarlo del mercado. A eso se suman las exigencias que empiezan a poner directamente los supermercados europeos, que pueden pedir más que lo que exige la ley.

    El mensaje de fondo es que reunir certificaciones y trazabilidad de proveedores toma tiempo, especialmente en empresas con muchas líneas de producto. Quien empiece a ordenar esta información ahora llega con ventaja. Quien lo deje para después corre el riesgo de quedarse fuera de uno de los mercados más importantes para la fruticultura latinoamericana.

    Fuente: Portal Frutícola

  • Reforma agrícola migratoria enfrenta cuellos de botella

    Reforma agrícola migratoria enfrenta cuellos de botella

    El Congreso de Estados Unidos avanza con la Securing Agriculture’s Workforce Act (SAWA), una iniciativa que busca modernizar el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales. La propuesta elimina las restricciones estacionales que hoy limitan este visado y crea un portal único para que los empleadores gestionen sus solicitudes.

    Suena como una gran noticia para el campo estadounidense. El problema es que, según líderes del sector, la infraestructura federal que procesa estas visas simplemente no está lista para soportar lo que viene.

    John Hollay, presidente de la National Council of Agricultural Employers, explica que la participación en el programa H-2A se ha duplicado en los últimos cinco años. Ahora, con SAWA abriendo la puerta a nuevas industrias (lácteos, hongos, agricultura en ambientes controlados y procesamiento de carne), se espera que el volumen de solicitudes crezca todavía más. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo, porque agregar demanda a un sistema ya saturado no mejora nada, solo traslada el problema.

    El cuello de botella más grave está en los consulados. Tom Bortnyk, del despacho másLabor, describe cómo el Departamento de Estado ha aumentado el escrutinio en las entrevistas, sobre todo cuando el trabajo incluye manejar vehículos, lo que activa revisiones adicionales de antecedentes y licencias. El resultado son retrasos que, en la agricultura, se traducen directamente en pérdidas económicas. Bortnyk menciona el caso de un contratista donde 8 de cada 10 trabajadores quedaron detenidos de forma indefinida en el consulado, y otro cliente cuyos trabajadores llegaron dos semanas tarde. En un sector donde los cultivos se pudren en el campo si no hay quién los coseche, cada día de demora cuesta dinero real.

    A esto se suma otro factor poco visible, la competencia entre programas de visas. Cada año se otorgan 66,000 visas H-2B para trabajos no agrícolas, y cerca de 33,000 de esos trabajadores compiten en primavera por las mismas citas consulares que los solicitantes de H-2A. Si además se aprueban exenciones que permitirían a más empleadores acceder al H-2B, la presión sobre esas citas aumentará todavía más, aunque se trate de programas distintos.

    Detrás de todo esto hay un tema de dinero. El Departamento de Trabajo llegó a cobrar cuotas por las solicitudes H-2A, pero una regla federal obliga a que ese dinero vaya directo a la Tesorería general, no al propio programa, así que la dependencia terminó pausando el cobro. Esto significa que, aunque existan recursos potenciales para reforzar personal en temporadas altas, las agencias no tienen forma de usarlos donde más se necesitan.

    Lo interesante es que SAWA no incluye ninguna disposición para resolver esta falta de capacidad operativa. La ley introduce mejoras reales, como certificaciones laborales de tres años y una posible portabilidad de trabajadores entre empleadores dentro de Estados Unidos, lo cual reduciría algo de presión sobre los consulados. Pero, según Bortnyk, esa reducción sería marginal comparada con el volumen total de solicitudes.

    En resumen, SAWA resuelve el papeleo, pero no toca el verdadero cuello de botella, que está en la capacidad de las agencias para procesar personas, no formularios. Si el Congreso no destina recursos específicos para reforzar al Departamento de Estado y a las oficinas consulares, los beneficios de la reforma podrían quedarse atrapados en la misma fila que hoy retrasa a los trabajadores.

    Fuente: The Packer

  • Francia reactiva dos pesticidas prohibidos entre protestas

    Francia reactiva dos pesticidas prohibidos entre protestas

    El Senado de Francia aprobó una ley que abre la puerta a que dos pesticidas prohibidos regresen al campo francés, aunque de forma condicionada. La votación terminó con 214 votos a favor y 111 en contra, un resultado que muestra que el respaldo existió, pero también que la oposición fue considerable dentro del propio Parlamento.

    Los productos en cuestión son el acetamiprid (vetado en Francia desde 2018) y la flupiradifurona (prohibida desde finales de 2019). Ambos pertenecen a la familia de los neonicotinoides, un grupo de insecticidas señalado durante años por su efecto negativo sobre las abejas y otros polinizadores.

    Lo relevante aquí es que ninguno de los dos estaba realmente fuera de circulación en Europa, ya que la Unión Europea mantiene autorizado el acetamiprid hasta 2033 y la flupiradifurona hasta 2029 (aunque con límites de uso cada vez más estrictos). Es decir, Francia había decidido ir más allá de lo que exige su bloque geopolítico, y esta nueva ley reduce parte de esa distancia.

    La norma no reintroduce los pesticidas de forma automática. Establece que será la agencia sanitaria francesa (Anses) la que podrá autorizarlos, a petición del ministro de Agricultura, “con carácter excepcional” y bajo condiciones específicas.

    Esto significa que el uso no queda liberado sin más, sino sujeto a una evaluación caso por caso, lo que en la práctica traslada la decisión final a un organismo técnico y no directamente al Gobierno.

    El trasfondo de esta ley es una tensión que lleva tiempo instalada en el sector agrícola francés. Los agricultores han reclamado que las normas más estrictas de su país los dejan en desventaja frente a productores de otros lugares que sí usan estos químicos y cuyos productos terminan igualmente en el mercado europeo. El senador centrista Franck Menonville resumió esta idea al hablar de la contradicción de producir menos en Francia mientras aumentan las importaciones de bienes que no cumplen con esas mismas normas. Esa lógica de competitividad fue uno de los argumentos centrales para impulsar la ley.

    Sin embargo, el costo político fue inmediato. La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, se oponía a la aprobación y anunció que presentará su renuncia al presidente Emmanuel Macron apenas se ratificó la norma en el Senado. A esto se suma que los partidos de izquierda ya adelantaron que llevarán la ley ante el Consejo Constitucional, lo que abre la posibilidad de que el texto sea revisado o incluso frenado antes de aplicarse.

    Lo que está en juego, más allá del debate político, es un choque entre dos formas de entender la agricultura. Por un lado, la necesidad de que los productores compitan en igualdad de condiciones dentro de un mercado europeo abierto. Por otro, la preocupación por el impacto ambiental de químicos que afectan directamente a los polinizadores, esenciales para buena parte de la producción de alimentos.

    La resolución de este conflicto, ya sea en tribunales o en la aplicación práctica de la ley, marcará qué tan dispuesta está Francia a ceder terreno ambiental a cambio de competitividad agrícola.

    Fuente: Euronews