Entre el 3 de junio y el 14 de agosto de este año, el gobierno de México canalizó más de 248 millones de pesos hacia productores de jitomate. El dato lo confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que detalló que ese monto se repartió en 48 créditos gestionados a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y entregados mediante distintos bancos e intermediarios financieros.
Por ahora, la entrega se ha concentrado en cuatro estados, Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca, que encabezan la lista de beneficiarios en esta primera etapa. Eso no significa que el resto del país quede fuera, sino que estas entidades fueron las primeras en recibir los recursos dentro de un esquema que apenas comienza a desplegarse.
Este financiamiento no aparece de forma aislada. Forma parte del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, un pacto voluntario firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con representantes de productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. La idea detrás de este acuerdo es coordinar a todos los actores de la cadena para evitar que el mercado del jitomate se mueva de forma errática, algo que afecta tanto a quien lo cultiva como a quien lo compra en el mercado.
Lo interesante aquí es quién está detrás de la ejecución. No es solo SADER la que participa, también está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y FIRA como brazo financiero. Esa combinación no es casual. Hacienda aporta la parte fiscal y de financiamiento, Profeco vigila que los precios lleguen justos al consumidor y FIRA pone el dinero en movimiento a través de la banca. Es, en otras palabras, un intento de atacar el problema del jitomate desde varios frentes a la vez, en lugar de limitarse a repartir crédito y esperar que el mercado se ordene solo.
También suman fuerzas equipos técnicos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida. Esto sugiere que el acuerdo no se limita a inyectar liquidez, sino que busca acompañar a los productores con conocimiento técnico y sanitario, además de incluir a productores de pequeña escala que participan en programas sociales como Sembrando Vida.
Para un productor de jitomate, esto puede traducirse en acceso a capital que antes era más difícil de conseguir, ya sea para renovar infraestructura, comprar insumos o sostener la producción durante temporadas complicadas. Para el consumidor, la apuesta es que un sector mejor financiado y coordinado con la autoridad de protección al consumidor derive en precios más estables en el mercado.
El hecho de que el acuerdo sea voluntario también dice algo. En lugar de imponer reglas desde arriba, el gobierno optó por sentar a la mesa a todos los eslabones de la cadena, desde quien siembra hasta quien vende en el supermercado. Si este modelo funciona con el jitomate, no sería extraño verlo replicado en otros cultivos donde la volatilidad de precios también genera fricciones entre productores y consumidores.
Fuente: Redagrícola