Estados Unidos decidió mantener los derechos antidumping sobre el tomate mexicano. La resolución, conocida apenas este agosto de 2026, prolonga una medida vigente desde julio de 2025 y confirma que uno de los negocios hortícolas entre ambos países seguirá operando con un costo adicional en la frontera.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó que el mercado no cambió lo suficiente como para retirar la medida. Durante la revisión se señalaron cambios en las preferencias de los consumidores, una mayor producción estadounidense bajo invernadero y más importaciones de tomate de invernadero desde Canadá. Sin embargo, la autoridad consideró que esos movimientos solo prolongan tendencias anteriores.
El actual escenario comenzó a tomar forma cuando el Departamento de Comercio estadounidense puso fin en 2025 al acuerdo de suspensión firmado en 2019. Ese mecanismo había permitido resolver durante años la disputa comercial sin aplicar formalmente los derechos antidumping.
El punto clave es que México conserva una participación elevada dentro del consumo estadounidense. Por ello, Washington no encontró razones suficientes para modificar su decisión. Las tasas varían según el productor o exportador y van de 2.81% a 273.43%. Para la categoría que agrupa a la mayoría de los productores mexicanos se mantiene una tasa de 17.09%.
El problema no se limita al pago del derecho antidumping. México construyó durante décadas una cadena de suministro estrechamente ligada a Estados Unidos gracias a la cercanía, la infraestructura logística y la demanda del mercado vecino. Cuando el acceso a ese destino se encarece, la presión puede trasladarse a los márgenes de productores y exportadores.
Ese impacto llega además en un momento de menor capacidad productiva. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción mexicana podría caer 9% en 2026 y ubicarse en 2.55 millones de toneladas. Las exportaciones bajarían 7% hasta cerca de 1.8 millones de toneladas. La superficie sembrada también podría reducirse 11% y quedar en 38,000 hectáreas.
El ajuste responde a más de un factor. Al propio derecho antidumping y a la apreciación del peso frente al dólar, pero muestra problemas dentro de México. En Sinaloa, principal estado productor, la sequía redujo la superficie sembrada. Después llegaron bajas temperaturas y problemas fitosanitarios que limitaron aún más la oferta.
La menor disponibilidad tuvo efectos visibles en el mercado nacional. Durante la primera semana de abril, el kilogramo de tomate superó los 55 pesos en algunos mercados mayoristas y supermercados, frente a unos 25 pesos un año antes. Más tarde, con la entrada de las cosechas de primavera, los precios comenzaron a bajar y a inicios de julio el INEGI reportó una caída de 13.18%.
El gobierno mexicano también comenzó a intervenir mediante financiamiento. Entre el 3 de junio y el 14 de agosto se canalizaron más de 248.2 millones de pesos mediante 48 créditos para productores. Los primeros apoyos gestionados por FIRA llegaron principalmente a Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca. Los recursos buscan sostener capital de trabajo y reorganizar la producción ante el nuevo escenario comercial.
La decisión estadounidense, por tanto, no abre por sí sola una nueva crisis. Más bien prolonga una presión que coincide con menos hectáreas, menor producción y exportaciones más débiles. El sector mexicano deberá sostener su operación mientras enfrenta al mismo tiempo costos comerciales externos y restricciones productivas internas.
Fuente: AgroLatam
