México y Chile acaban de revisar a fondo su Tratado de Libre Comercio para encontrar nuevas formas de hacer negocios entre ambos países. La reunión se dio en el marco de la Comisión de Libre Comercio, el organismo que administra ese acuerdo bilateral, y en ella los dos gobiernos evaluaron cómo ha funcionado el intercambio comercial, los flujos de inversión y qué barreras siguen frenando a las empresas que quieren operar entre ambos mercados.
Lo interesante de este encuentro es que no se trata de negociar un tratado nuevo. Es, más bien, un ejercicio de revisión sobre un acuerdo que ya tiene más de veinte años de vigencia, para identificar en qué partes todavía hay margen de crecimiento. Los temas que se pusieron sobre la mesa fueron comercio, inversiones, servicios, economía digital y cadenas de valor, además de mecanismos para mejorar la cooperación entre ambos países.
Uno de los resultados concretos de esta reunión fue la firma de la Decisión número 11, que actualiza las reglas de origen específicas al Sistema Armonizado 2022. Esto suena técnico, pero su efecto en la práctica es bastante directo. Las reglas de origen son las que determinan si un producto puede considerarse fabricado en México o en Chile, y por lo tanto si puede acceder a los beneficios arancelarios del tratado. Al alinear esa clasificación con el estándar internacional vigente, se reduce la incertidumbre para quienes exportan e importan, y se simplifica el papeleo necesario para comprobar el origen de las mercancías.
La agenda también incluyó temas sanitarios y fitosanitarios, algo que toca de manera directa al sector agroalimentario. Estos requisitos (certificaciones, protocolos de ingreso, controles sanitarios) suelen ser el verdadero filtro que decide si un producto agropecuario puede entrar o no a un mercado, más allá de lo que digan los aranceles. Como México y Chile son dos economías con fuerte perfil agroexportador, cualquier ajuste en esta área tiene un peso considerable para frutas, carnes, bebidas y otros alimentos que ambos países comercian.
Otro punto que vale la pena entender es la creación de un mecanismo para intercambiar estadísticas comerciales entre ambos gobiernos. Esto no es un detalle menor, pues permite conocer con mayor precisión cuánto se está aprovechando realmente el tratado, en qué sectores hay oportunidades desaprovechadas, y con esa información tomar decisiones de política comercial más ajustadas a la realidad.
Quizás el compromiso con mayor potencial a mediano plazo sea el de desarrollar cadenas globales y regionales de valor. La idea detrás de esto es que la relación comercial deje de limitarse a la simple compra y venta de productos terminados, y que las empresas de ambos países puedan participar en distintas etapas de un mismo proceso productivo (procesamiento, transformación, logística, distribución). Para el sector agroindustrial, esto podría traducirse en oportunidades más allá de la exportación tradicional, como inversión en plantas de procesamiento o en servicios logísticos compartidos.
El verdadero desafío ahora es que estos acuerdos institucionales se conviertan en proyectos concretos de inversión y en operaciones reales entre empresas. Firmar decisiones y crear mecanismos de cooperación es un paso necesario, pero no garantiza por sí solo que el comercio bilateral crezca.
Para el agro latinoamericano, este proceso merece seguimiento, porque tanto México como Chile tienen una capacidad exportadora relevante, y si las nuevas instancias de cooperación logran traducirse en menos obstáculos comerciales, el sector de alimentos y productos agroindustriales podría ser uno de los principales beneficiados.
Fuente: Agrolatam
