Etiqueta: SADER

Una nueva app busca ordenar las cuentas de la apicultura
Calcular cuánto cuesta producir miel parece una operación básica, pero en la práctica puede ser muy distinta de un apiario a otro. La Universidad Autónoma Chapingo y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregaron API COSTOS CHAPINGO a la Organización Nacional de Apicultores con la intención de ordenar ese problema. La aplicación reúne costos, ingresos y escenarios productivos para que cada unidad apícola pueda analizar su situación económica con datos organizados.
La herramienta surge después de más de 15 años de investigación del CIESTAAM sobre estimación de costos de producción de este sector. Su desarrollo también reunió especialistas de varias áreas de Chapingo, estudiantes de posgrado y productores. Esa combinación es relevante porque el cálculo de costos en apicultura depende de muchas variables que no siempre se registran de la misma manera. Entre ellas están el terreno, el mantenimiento de las colmenas, las áreas de procesamiento, la alimentación de las abejas, la mano de obra y los traslados. También influyen el número de colmenas y su ubicación.
El problema no es que los productores desconozcan esos gastos. El reto está en concentrarlos y analizarlos con un criterio consistente. Cuando la información permanece dispersa entre registros manuales, estimaciones y cálculos propios, resulta más difícil saber cuánto cuesta realmente producir un kilogramo de miel. API COSTOS CHAPINGO busca reducir esa dispersión al colocar la información económica en un mismo espacio digital.
Esto puede cambiar la forma en que se evalúa una unidad de producción. Si los costos y los ingresos se registran de manera ordenada, el productor tiene una base más clara para comparar escenarios y observar cómo ciertas decisiones afectan el resultado económico. La aplicación no elimina las diferencias entre apiarios, porque esas diferencias son parte de la actividad. Lo que hace es ofrecer una estructura común para capturarlas y analizarlas.
Por ahora, el alcance es acotado. La herramienta está validada para productores apícolas de la zona centro, específicamente del Estado de México y la Ciudad de México. Productores de Texcoco comenzarán a utilizarla y está previsto trabajar posteriormente en una versión para la zona sur. Además, la aplicación fue desarrollada para dispositivos Android y será gratuita. Chapingo prevé ponerla a disposición de los productores mediante su sitio institucional.
Ese proceso gradual importa porque una herramienta de costos solo resulta útil si refleja las condiciones reales de quienes la utilizan. El proyecto además obtuvo un registro formal ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor con titularidad de la Universidad Autónoma Chapingo. La validación regional permite probar su funcionamiento antes de ampliar su alcance. Al mismo tiempo, deja claro que todavía no se presenta como una solución nacional terminada.
API COSTOS CHAPINGO representa así un paso hacia una gestión económica más ordenada de la apicultura. Su aporte principal no está en sustituir la experiencia del productor, sino en darle una forma más consistente a la información que ya genera. En una actividad donde múltiples factores modifican el costo final, contar con registros comparables puede hacer más visible qué está ocurriendo dentro de cada unidad productiva y facilitar decisiones basadas en datos.
Fuentes: Hoja de Ruta Digital
02/09/2026
El campo mexicano se digitaliza pero aún avanza lento
La tecnología agrícola ya está en el radar del campo mexicano, pero su adopción todavía avanza con mucha desigualdad. El dato más claro es que el país no parte de cero. Según el Censo Agropecuario 2022, México tenía 5,194,342 unidades de producción agropecuaria y forestal, de las cuales 4,629,134 estaban activas. En ellas había 25.7 millones de hectáreas de superficie agrícola. Dentro de esa superficie, 26% era de riego y 74% de temporal.
Esa diferencia es importante. Las tecnologías como sensores de humedad, drones, plataformas de riego, GPS e imágenes satelitales suelen tener más valor donde el productor puede tomar decisiones frecuentes sobre agua, nutrición, sanidad o cosecha. Por eso, el avance tecnológico no se distribuye igual en todo el país ni en todos los cultivos. Tiene más sentido económico en agricultura de riego, hortalizas, berries, frutales, agricultura protegida y sistemas orientados a mercados exigentes.
La base digital existe, pero sigue siendo limitada cuando se mira el uso productivo. La Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 estimó que 37.7% de las unidades de producción usaban alguna tecnología de información y comunicación. Dentro de ese grupo, el teléfono celular dominaba con 88.1%. Después aparecían el internet con 7.9%, computadora con 5.6%, GPS con 1.8%, tableta con 1.2% y otra tecnología con 0.4%.
La lectura es que el celular ya domina el campo, pero la agricultura de precisión todavía no, aún cuando lleva décadas siendo impulsada. Usar un teléfono para comunicarse no es lo mismo que usar datos para decidir cuándo regar, dónde fertilizar, qué zona de la parcela tiene estrés o qué parte del cultivo necesita atención. Entre una cosa y otra hay una brecha de conectividad, inversión, capacitación y asistencia técnica.
Aun así, el cambio ya empezó. El Censo Agropecuario 2022 incorporó variables específicas sobre sensor de humedad, sensor de nitrógeno, coloración o verdor, y drones en agricultura a cielo abierto. Esto no significa que su uso sea masivo, pero sí muestra que estas tecnologías dejaron de ser un tema marginal. Ya forman parte de lo que se mide oficialmente para entender cómo produce el campo mexicano.
El caso del agua ayuda a explicar por qué estas herramientas pueden volverse más relevantes. La SADER y el INIFAP han documentado el uso de la plataforma Irrimodel, diseñada para generar recomendaciones de cuándo y cuánto regar. Según la información oficial, esta herramienta puede ahorrar hasta 40% de agua en cultivos de riego. En un país donde la mayor parte de la agricultura depende del temporal, cada mejora en el uso del agua puede tener un peso estratégico.
Los drones también muestran hacia dónde puede moverse el sector. El INIFAP ha trabajado con drones, sensores espectrales e inteligencia artificial para estimar nitrógeno en maíz forrajero. En sus pruebas, un modelo de redes neuronales alcanzó hasta 81% de precisión. Esto permite imaginar una agricultura donde el productor no aplica insumos de forma uniforme, sino con base en señales concretas del cultivo.
La implicación principal es que el agro en México ya usa celular y empieza a conectarse, pero todavía está lejos de sensores, GPS, drones y análisis de datos. La oportunidad está en unirlos. No basta con vender equipos. Hace falta convertir los datos en decisiones simples, útiles y rentables para el productor.
Fuentes: INEGI Censo Agropecuario 2022, INEGI Encuesta Nacional Agropecuaria 2019.
31/08/2026
Gobierno mexicano impulsa crédito para el jitomate
Entre el 3 de junio y el 14 de agosto de este año, el gobierno de México canalizó más de 248 millones de pesos hacia productores de jitomate. El dato lo confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que detalló que ese monto se repartió en 48 créditos gestionados a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y entregados mediante distintos bancos e intermediarios financieros.
Por ahora, la entrega se ha concentrado en cuatro estados, Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca, que encabezan la lista de beneficiarios en esta primera etapa. Eso no significa que el resto del país quede fuera, sino que estas entidades fueron las primeras en recibir los recursos dentro de un esquema que apenas comienza a desplegarse.
Este financiamiento no aparece de forma aislada. Forma parte del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, un pacto voluntario firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con representantes de productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. La idea detrás de este acuerdo es coordinar a todos los actores de la cadena para evitar que el mercado del jitomate se mueva de forma errática, algo que afecta tanto a quien lo cultiva como a quien lo compra en el mercado.
Lo interesante aquí es quién está detrás de la ejecución. No es solo SADER la que participa, también está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y FIRA como brazo financiero. Esa combinación no es casual. Hacienda aporta la parte fiscal y de financiamiento, Profeco vigila que los precios lleguen justos al consumidor y FIRA pone el dinero en movimiento a través de la banca. Es, en otras palabras, un intento de atacar el problema del jitomate desde varios frentes a la vez, en lugar de limitarse a repartir crédito y esperar que el mercado se ordene solo.
También suman fuerzas equipos técnicos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida. Esto sugiere que el acuerdo no se limita a inyectar liquidez, sino que busca acompañar a los productores con conocimiento técnico y sanitario, además de incluir a productores de pequeña escala que participan en programas sociales como Sembrando Vida.
Para un productor de jitomate, esto puede traducirse en acceso a capital que antes era más difícil de conseguir, ya sea para renovar infraestructura, comprar insumos o sostener la producción durante temporadas complicadas. Para el consumidor, la apuesta es que un sector mejor financiado y coordinado con la autoridad de protección al consumidor derive en precios más estables en el mercado.
El hecho de que el acuerdo sea voluntario también dice algo. En lugar de imponer reglas desde arriba, el gobierno optó por sentar a la mesa a todos los eslabones de la cadena, desde quien siembra hasta quien vende en el supermercado. Si este modelo funciona con el jitomate, no sería extraño verlo replicado en otros cultivos donde la volatilidad de precios también genera fricciones entre productores y consumidores.
Fuente: Redagrícola
20/08/2026
Trigo mexicano recibe apoyo extra ante clima adverso
A partir del 20 de agosto de 2026, México pondrá en marcha un incentivo de hasta 2,000 pesos por tonelada de trigo panificable comercializado, dirigido a productores de 13 estados que participaron en el ciclo Otoño-Invierno 2025/26.
El programa, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), busca aliviar el ingreso de un sector que enfrentó costos de producción altos, condiciones de mercado exigentes y, en algunas zonas, problemas climáticos durante el ciclo agrícola.
El esquema funciona con dos componentes. El primero es una base de 1,800 pesos por tonelada, disponible para todos los productores que cumplan los requisitos de elegibilidad. El segundo suma otros 200 pesos por tonelada, pero solo para quienes hayan sido afectados por la falta de horas frío, un fenómeno climático que altera el desarrollo normal del cultivo. Así, el tope de 2,000 pesos no llega a todos por igual, sino que depende de la ubicación y de las condiciones específicas de cada campo.
La cobertura incluye a productores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, siempre que estén inscritos en el padrón correspondiente y cumplan las Reglas de Operación del Programa Comercio Justo para el ejercicio fiscal 2026.
Para entender la magnitud de esta cifra conviene pensarla a escala. Un productor que comercialice 100 toneladas con el incentivo máximo recibiría 200,000 pesos, mientras que uno con 500 toneladas alcanzaría un millón de pesos. Es un monto que, sumado al precio de venta habitual, puede cambiar de forma notable el resultado final de una campaña, sobre todo para quienes operan con márgenes ajustados.
Este tipo de apoyo no es nuevo. Durante el primer trimestre de 2026 ya se habían pagado incentivos por la cosecha del ciclo anterior (2024/25), beneficiando a 14,684 productores de 14 estados con una inversión superior a 1,755 millones de pesos. En Baja California, por ejemplo, 446 productores ya recibieron 104.5 millones de pesos bajo este tipo de política.
La relevancia del trigo panificable va más allá del bolsillo de cada agricultor, ya que es la materia prima de la harina y de numerosos productos de consumo diario. Por eso, cuando el sector enfrenta dificultades económicas, el efecto puede sentirse también en la disponibilidad del grano dentro del país.
El componente extraordinario vinculado al frío insuficiente pone en evidencia algo que suele quedar en segundo plano y es que el clima no solo afecta el volumen cosechado, sino también el ingreso final del productor. Un incentivo mejora el precio que recibe cada tonelada, aunque no elimina la presión de los costos ni asegura por sí solo que la explotación sea rentable.
El verdadero valor de esta medida se conocerá con el tiempo, en función de cuántos productores logren acceder al programa, qué volumen resulte elegible y qué tan significativo sea el monto frente a los gastos reales de producir trigo en cada región. Para miles de trigueros mexicanos, la pregunta ya no es solo cuánto van a cosechar, sino cuánto dinero les queda después de vender cada tonelada.
Fuente: Agrolatam
18/08/2026