California avanza con la Ley SB 54 (Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act), una normativa que busca reducir el plástico de un solo uso en empaques y productos desechables.
La idea de fondo es simple, quien produce el empaque debe hacerse cargo también de su destino final. Para lograrlo, la ley obliga a los productores a inscribirse en una organización responsable de la gestión de residuos y a reportar información detallada sobre sus materiales.
El problema es que varios plazos ya se cumplieron y, según relatan productores agrícolas, la implementación está generando más confusión que claridad. Jason Resnick, de Western Growers Association, explicó que la ley traslada los llamados “costos de fin de vida útil” del empaque hacia quienes lo producen. Esto suena razonable en el papel, pero en la práctica agrega una capa de trabajo administrativo que muchas empresas agrícolas no estaban preparadas para asumir.
Organizaciones como California Citrus Mutual y California Fresh Fruit Association coinciden en que apoyan el objetivo ambiental de la ley, pero cuestionan su diseño. Jacob Villagomez, de Citrus Mutual, señala que cualquier transición de empaques debe equilibrar el beneficio ambiental con la seguridad alimentaria, la calidad del producto y su costo final para el consumidor. Casey Creamer, de Fresh Fruit Association, va más allá y advierte que persiste confusión sobre definiciones y responsabilidades, además de que los plazos avanzaron más rápido que la capacidad del sector regulatorio para explicar cómo cumplirlos.
A nivel operativo, el impacto se siente todavía más fuerte. Justin Bedwell, de Bari Produce LLC, cuenta que reunir los datos exigidos desde 2023 (peso, tipo de material y otros criterios) tomó horas valiosas durante la temporada alta de cosecha, un momento en el que ese tiempo simplemente no sobra. Y esto es solo el comienzo, porque las exigencias sobre reducción de fuentes, contenido reciclado y tarifas seguirán llegando en los próximos años.
Aquí aparece uno de los puntos más delicados del debate, el dinero. Circular Action Alliance, la organización elegida para operar el sistema de reciclaje del estado, proyecta un presupuesto de cinco años que va de 9,300 millones a 17,200 millones de dólares, financiado enteramente por los productores californianos de materiales cubiertos por la ley. Bedwell es claro al respecto, ese costo terminará trasladándose al consumidor final, y golpeará con más fuerza a los productores pequeños, que no tienen la misma capacidad de absorber gastos adicionales que las grandes empresas.
CalRecycle, la agencia estatal detrás de la ley, defiende el proceso. Melanie Turner, su vocera para SB 54, sostiene que el nuevo sistema es mejor que el anterior, donde los costos y la contaminación terminaban recayendo en familias, contribuyentes y gobiernos locales sin capacidad real de decidir sobre el diseño del empaque. Según ella, el programa avanza como “un dial, no un interruptor”, dando a los productores flexibilidad para rediseñar empaques e invertir en reciclaje de forma gradual.
Lo que queda claro es que nadie discute el objetivo ambiental. La tensión está en el ritmo de implementación y en si existen alternativas de empaque que funcionen tan bien como el plástico para proteger productos perecederos, sin encarecer aún más la cadena de suministro agrícola.
Fuente: The Packer
