Alimentación para el Bienestar, la empresa estatal encargada de operar las 27,000 Tiendas Bienestar en el país, confirmó que el frijol rechazado por la población de Chiapas y Tabasco era de origen importado.
La compra se hizo en marzo de 2024, cuando una sequía severa golpeó las cosechas nacionales y obligó al gobierno a buscar el grano fuera de México. En total se adquirieron 19,000 toneladas a particulares, bajo marcas comerciales como Paco, Pro-Caza, GranAgro y Abeto. Hoy quedan apenas 850 toneladas por vender, lo que muestra que la mayor parte de ese lote ya circuló entre la población, incluida la porción que generó quejas por su mala calidad y por tardar más de tres horas en cocerse.
El problema no se limita al origen del frijol. Una auditoría del Órgano Interno de Control, identificada como 2026-02-OIC-08-VSS-AAD-008, encontró que la empresa firmó contratos con dos proveedores de Durango (Alianza Semillera del Guadiana y Comercial Gutiérrez de Durango) que no aparecían registrados en el catálogo oficial de proveedores. Aun así, se les asignaron 32 y 27 contratos respectivamente, por montos de 70.3 millones de pesos y 49.2 millones de pesos.
Además, aunque los documentos técnicos hacían referencia a periodos de 2024, los contratos en realidad se firmaron durante el ejercicio fiscal de 2025, lo que abre dudas sobre el momento real en que se formalizaron esas compras.
A esto se suma el estado físico de la infraestructura donde se almacena el grano. En el Almacén Central de Villahermosa, la revisión detectó dieciséis huecos en el techo, algunos de hasta 7.10 por 1.10 metros, con un daño que lleva alrededor de ocho años sin repararse pese a las gestiones del propio personal.
En la Unidad Operativa de Tapachula la situación es similar, con goteras que obligan a cubrir el producto con lonas cada vez que llueve, aves dentro de las instalaciones y estantería oxidada y deteriorada. Es decir, el frijol que finalmente llega a las tiendas no solo enfrenta cuestionamientos sobre cómo se compró, sino también sobre las condiciones en que se guardó antes de venderse.
Lo que esta historia deja ver va más allá de un lote de frijol con mala fama. Cuando una crisis climática obliga a importar de emergencia, el proceso de compra suele acelerarse y eso puede debilitar los controles normales, como el uso de proveedores no registrados o la firma de contratos fuera de tiempo.
El resultado es un producto que llega a comunidades que dependen de este programa para acceder a alimentos básicos a precio accesible, pero que termina generando desconfianza justo en la población que más necesita ese apoyo.
Alimentación para el Bienestar insiste en que su frijol cumple con la norma mexicana NMX-FF-038-SCFI-2016 y que la auditoría aún no concluye, por lo que las cifras podrían ajustarse. Aun así, el caso deja una lección clara sobre la cadena de abasto agrícola pública, la compra apresurada ante una emergencia no exime de mantener control sobre proveedores, contratos e instalaciones, porque al final quien recibe las consecuencias es la persona que abre el paquete en su cocina.
Fuente: El Sol de México