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Sinaloa cede terreno y Aguascalientes gana en tomate
La producción mexicana de tomate retrocedió con fuerza en 2025, pero el dato nacional oculta movimientos muy distintos entre regiones. El volumen pasó de 3.7 millones de toneladas en 2024 a 3.1 millones en 2025, una caída de 16.3%. La superficie cosechada bajó 15.4%, mientras el rendimiento promedio nacional apenas disminuyó 1.0%. Esto indica que el descenso estuvo asociado principalmente con una menor superficie en producción y no con un deterioro generalizado de la productividad.
Sinaloa explica una parte importante de ese ajuste. El principal productor del país cosechó 501,109 toneladas en 2025, frente a 800,116 toneladas un año antes. La reducción fue de 37.4%, equivalente a casi 299,000 toneladas. Por sí sola, esa pérdida representó cerca de la mitad de la disminución nacional registrada entre ambos años.
El retroceso sinaloense no se debió únicamente a que se cultivara menos. La superficie cosechada cayó 29.6%, de 13,342 a 9,397 hectáreas, pero el rendimiento también bajó 11.1%, al pasar de casi 60 a 53 toneladas por hectárea. Es decir, hubo menos hectáreas productivas y cada una generó, en promedio, menos jitomate.
La consecuencia económica fue todavía más severa. El valor de la producción de Sinaloa pasó de 7,988 a 3,701 millones de pesos, una contracción de 53.7%. Esa diferencia muestra que la pérdida de volumen se combinó con un menor valor promedio por tonelada. Al relacionar el valor total con la producción, el promedio implícito pasó de unos 9,983 a 7,386 pesos por tonelada, 26.0% menos.
El ajuste además estuvo concentrado en zonas específicas de Sinaloa. Elota perdió alrededor de 94,300 toneladas, Escuinapa cerca de 88,700 y Navolato unas 53,700. Culiacán redujo otras 24,700 toneladas. En conjunto, estos cuatro municipios explican la mayor parte de la contracción estatal, lo que muestra que la caída no fue uniforme dentro de Sinaloa y que algunos territorios soportaron una porción mucho mayor del descenso.
Mientras Sinaloa retrocedía, Aguascalientes avanzó en dirección contraria. Su producción aumentó de 68,732 a 150,758 toneladas, un crecimiento de 119.3%. La expansión no provino de un solo factor. La superficie cosechada aumentó 71.5% y el rendimiento promedio subió 27.9%, hasta 113.3 toneladas por hectárea.
El valor generado también cambió de escala. Aguascalientes pasó de 614 a 1,929 millones de pesos, un aumento de 214.2%. Además de producir más, el valor promedio implícito por tonelada creció 43.3%. Con ello, su participación en el volumen nacional pasó de 1.8% a 4.8%, suficiente para colocarlo entre los principales productores del país en 2025.
La comparación no significa que Aguascalientes haya reemplazado a Sinaloa. Sinaloa siguió ocupando el primer lugar nacional y produjo más de tres veces el volumen hidrocálido. Lo relevante es el cambio en el peso relativo de ambos estados. Sinaloa pasó de aportar 21.5% del jitomate nacional a 16.1%, mientras Aguascalientes ganó participación en un año marcado por una fuerte contracción del cultivo.
Fuente: DGSIAP
28/08/2026
Estados Unidos mantiene presión sobre tomate mexicano
Estados Unidos decidió mantener los derechos antidumping sobre el tomate mexicano. La resolución, conocida apenas este agosto de 2026, prolonga una medida vigente desde julio de 2025 y confirma que uno de los negocios hortícolas entre ambos países seguirá operando con un costo adicional en la frontera.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos concluyó que el mercado no cambió lo suficiente como para retirar la medida. Durante la revisión se señalaron cambios en las preferencias de los consumidores, una mayor producción estadounidense bajo invernadero y más importaciones de tomate de invernadero desde Canadá. Sin embargo, la autoridad consideró que esos movimientos solo prolongan tendencias anteriores.
El actual escenario comenzó a tomar forma cuando el Departamento de Comercio estadounidense puso fin en 2025 al acuerdo de suspensión firmado en 2019. Ese mecanismo había permitido resolver durante años la disputa comercial sin aplicar formalmente los derechos antidumping.
El punto clave es que México conserva una participación elevada dentro del consumo estadounidense. Por ello, Washington no encontró razones suficientes para modificar su decisión. Las tasas varían según el productor o exportador y van de 2.81% a 273.43%. Para la categoría que agrupa a la mayoría de los productores mexicanos se mantiene una tasa de 17.09%.
El problema no se limita al pago del derecho antidumping. México construyó durante décadas una cadena de suministro estrechamente ligada a Estados Unidos gracias a la cercanía, la infraestructura logística y la demanda del mercado vecino. Cuando el acceso a ese destino se encarece, la presión puede trasladarse a los márgenes de productores y exportadores.
Ese impacto llega además en un momento de menor capacidad productiva. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que la producción mexicana podría caer 9% en 2026 y ubicarse en 2.55 millones de toneladas. Las exportaciones bajarían 7% hasta cerca de 1.8 millones de toneladas. La superficie sembrada también podría reducirse 11% y quedar en 38,000 hectáreas.
El ajuste responde a más de un factor. Al propio derecho antidumping y a la apreciación del peso frente al dólar, pero muestra problemas dentro de México. En Sinaloa, principal estado productor, la sequía redujo la superficie sembrada. Después llegaron bajas temperaturas y problemas fitosanitarios que limitaron aún más la oferta.
La menor disponibilidad tuvo efectos visibles en el mercado nacional. Durante la primera semana de abril, el kilogramo de tomate superó los 55 pesos en algunos mercados mayoristas y supermercados, frente a unos 25 pesos un año antes. Más tarde, con la entrada de las cosechas de primavera, los precios comenzaron a bajar y a inicios de julio el INEGI reportó una caída de 13.18%.
El gobierno mexicano también comenzó a intervenir mediante financiamiento. Entre el 3 de junio y el 14 de agosto se canalizaron más de 248.2 millones de pesos mediante 48 créditos para productores. Los primeros apoyos gestionados por FIRA llegaron principalmente a Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca. Los recursos buscan sostener capital de trabajo y reorganizar la producción ante el nuevo escenario comercial.
La decisión estadounidense, por tanto, no abre por sí sola una nueva crisis. Más bien prolonga una presión que coincide con menos hectáreas, menor producción y exportaciones más débiles. El sector mexicano deberá sostener su operación mientras enfrenta al mismo tiempo costos comerciales externos y restricciones productivas internas.
Fuente: AgroLatam
21/08/2026
Gobierno mexicano impulsa crédito para el jitomate
Entre el 3 de junio y el 14 de agosto de este año, el gobierno de México canalizó más de 248 millones de pesos hacia productores de jitomate. El dato lo confirmó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que detalló que ese monto se repartió en 48 créditos gestionados a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y entregados mediante distintos bancos e intermediarios financieros.
Por ahora, la entrega se ha concentrado en cuatro estados, Baja California, Sonora, Estado de México y Oaxaca, que encabezan la lista de beneficiarios en esta primera etapa. Eso no significa que el resto del país quede fuera, sino que estas entidades fueron las primeras en recibir los recursos dentro de un esquema que apenas comienza a desplegarse.
Este financiamiento no aparece de forma aislada. Forma parte del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate, un pacto voluntario firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con representantes de productores, comercializadores, centrales de abasto y tiendas de autoservicio. La idea detrás de este acuerdo es coordinar a todos los actores de la cadena para evitar que el mercado del jitomate se mueva de forma errática, algo que afecta tanto a quien lo cultiva como a quien lo compra en el mercado.
Lo interesante aquí es quién está detrás de la ejecución. No es solo SADER la que participa, también está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y FIRA como brazo financiero. Esa combinación no es casual. Hacienda aporta la parte fiscal y de financiamiento, Profeco vigila que los precios lleguen justos al consumidor y FIRA pone el dinero en movimiento a través de la banca. Es, en otras palabras, un intento de atacar el problema del jitomate desde varios frentes a la vez, en lugar de limitarse a repartir crédito y esperar que el mercado se ordene solo.
También suman fuerzas equipos técnicos como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), las Escuelas de Campo y el programa Sembrando Vida. Esto sugiere que el acuerdo no se limita a inyectar liquidez, sino que busca acompañar a los productores con conocimiento técnico y sanitario, además de incluir a productores de pequeña escala que participan en programas sociales como Sembrando Vida.
Para un productor de jitomate, esto puede traducirse en acceso a capital que antes era más difícil de conseguir, ya sea para renovar infraestructura, comprar insumos o sostener la producción durante temporadas complicadas. Para el consumidor, la apuesta es que un sector mejor financiado y coordinado con la autoridad de protección al consumidor derive en precios más estables en el mercado.
El hecho de que el acuerdo sea voluntario también dice algo. En lugar de imponer reglas desde arriba, el gobierno optó por sentar a la mesa a todos los eslabones de la cadena, desde quien siembra hasta quien vende en el supermercado. Si este modelo funciona con el jitomate, no sería extraño verlo replicado en otros cultivos donde la volatilidad de precios también genera fricciones entre productores y consumidores.
Fuente: Redagrícola
20/08/2026