El Senado de Francia aprobó una ley que abre la puerta a que dos pesticidas prohibidos regresen al campo francés, aunque de forma condicionada. La votación terminó con 214 votos a favor y 111 en contra, un resultado que muestra que el respaldo existió, pero también que la oposición fue considerable dentro del propio Parlamento.
Los productos en cuestión son el acetamiprid (vetado en Francia desde 2018) y la flupiradifurona (prohibida desde finales de 2019). Ambos pertenecen a la familia de los neonicotinoides, un grupo de insecticidas señalado durante años por su efecto negativo sobre las abejas y otros polinizadores.
Lo relevante aquí es que ninguno de los dos estaba realmente fuera de circulación en Europa, ya que la Unión Europea mantiene autorizado el acetamiprid hasta 2033 y la flupiradifurona hasta 2029 (aunque con límites de uso cada vez más estrictos). Es decir, Francia había decidido ir más allá de lo que exige su bloque geopolítico, y esta nueva ley reduce parte de esa distancia.
La norma no reintroduce los pesticidas de forma automática. Establece que será la agencia sanitaria francesa (Anses) la que podrá autorizarlos, a petición del ministro de Agricultura, “con carácter excepcional” y bajo condiciones específicas.
Esto significa que el uso no queda liberado sin más, sino sujeto a una evaluación caso por caso, lo que en la práctica traslada la decisión final a un organismo técnico y no directamente al Gobierno.
El trasfondo de esta ley es una tensión que lleva tiempo instalada en el sector agrícola francés. Los agricultores han reclamado que las normas más estrictas de su país los dejan en desventaja frente a productores de otros lugares que sí usan estos químicos y cuyos productos terminan igualmente en el mercado europeo. El senador centrista Franck Menonville resumió esta idea al hablar de la contradicción de producir menos en Francia mientras aumentan las importaciones de bienes que no cumplen con esas mismas normas. Esa lógica de competitividad fue uno de los argumentos centrales para impulsar la ley.
Sin embargo, el costo político fue inmediato. La ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, se oponía a la aprobación y anunció que presentará su renuncia al presidente Emmanuel Macron apenas se ratificó la norma en el Senado. A esto se suma que los partidos de izquierda ya adelantaron que llevarán la ley ante el Consejo Constitucional, lo que abre la posibilidad de que el texto sea revisado o incluso frenado antes de aplicarse.
Lo que está en juego, más allá del debate político, es un choque entre dos formas de entender la agricultura. Por un lado, la necesidad de que los productores compitan en igualdad de condiciones dentro de un mercado europeo abierto. Por otro, la preocupación por el impacto ambiental de químicos que afectan directamente a los polinizadores, esenciales para buena parte de la producción de alimentos.
La resolución de este conflicto, ya sea en tribunales o en la aplicación práctica de la ley, marcará qué tan dispuesta está Francia a ceder terreno ambiental a cambio de competitividad agrícola.
Fuente: Euronews