A partir del 12 de agosto, la Unión Europea comienza a aplicar el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (conocido como PPWR). Esto no es un simple ajuste técnico. Es una regla única para los 27 países del bloque, que reemplaza el mosaico de normas nacionales que existía antes y que afecta a cualquier producto que llegue a Europa, sin importar de dónde venga. Cajas de cartón, mallas, bandejas, etiquetas y envases para transporte quedan bajo esta nueva lupa.
El primer golpe llega de inmediato y sin margen de adaptación. Desde el día en que entra en vigor, quedan restringidas las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) en envases que tienen contacto con alimentos.
Jacqueline Mailly, asesora en temas regulatorios de la Unión Europea, fue clara al advertir que las empresas no tendrán un período de transición para vender el inventario de envases que no cumpla con la norma. Eso significa que, si un exportador tiene bodegas llenas de material no conforme, ese material simplemente deja de servir.
¿Por qué Europa endurece tanto esta regulación? Las cifras ayudan a entenderlo. Los envases representan el 50% de la basura marina, el 40% de los residuos plásticos y el 36% de los residuos sólidos urbanos en la Unión Europea. En 2022, cada habitante europeo generó cerca de 186 kilogramos de residuos de envases, y la industria alimentaria concentra dos tercios de todo lo que se vende empacado en el bloque. Con ese panorama, la Comisión Europea decidió que ya no bastaba con recomendaciones sueltas por país.
Para quienes exportan frutas y hortalizas frescas, hay una fecha que conviene marcar desde ahora, el 1 de enero de 2030. Ese día quedará prohibido el uso de envases plásticos de un solo uso para productos frescos con peso inferior a 1.5 kilogramos, lo que incluye bolsas, mallas, bandejas y recipientes.
Existen algunas salidas, como envases con menos de 5% de contenido plástico o excepciones que cada país podrá definir cuando el empaque sea necesario para evitar pérdida de agua o daño físico del producto.
Pero la Comisión Europea ya está revisando esas excepciones para que no se conviertan en un parche desigual entre países, y pidió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria una opinión científica antes de que termine el año.
El cumplimiento no se limita al material del envase. La normativa exige documentación técnica, evaluaciones de conformidad y trazabilidad digital, que en muchos casos se resolverá con pasaportes digitales y códigos QR. Esa documentación deberá guardarse durante cinco años para envases desechables y diez años para los reutilizables. Y aquí hay un matiz importante, la definición legal de “fabricante” puede incluir a empresas que ni siquiera producen físicamente el envase, sino que solo lo diseñan o lo comercializan bajo su propia marca.
Las consecuencias de no cumplir van más allá de una multa. Los países pueden imponer sanciones de hasta 200,000 euros por infracción, retener mercancía en aduana, prohibir la venta del producto o incluso retirarlo del mercado. A eso se suman las exigencias que empiezan a poner directamente los supermercados europeos, que pueden pedir más que lo que exige la ley.
El mensaje de fondo es que reunir certificaciones y trazabilidad de proveedores toma tiempo, especialmente en empresas con muchas líneas de producto. Quien empiece a ordenar esta información ahora llega con ventaja. Quien lo deje para después corre el riesgo de quedarse fuera de uno de los mercados más importantes para la fruticultura latinoamericana.
Fuente: Portal Frutícola
