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  • SCJN reitera los derechos de los jornaleros agrícolas

    SCJN reitera los derechos de los jornaleros agrícolas

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de avalar, por unanimidad, tres proyectos que cambian de fondo lo que se espera de quienes contratan mano de obra en el campo mexicano.

    La propuesta, presentada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, establece que las personas jornaleras agrícolas tienen derecho a hospedaje gratuito, alimentación adecuada, agua potable y servicios sanitarios en sus lugares de trabajo. En algunos casos también se contempla el acceso a asistencia médica, medicamentos, guarderías y educación para las familias que se trasladan junto con quienes trabajan la tierra.

    Para entender por qué esto importa hay que ver lo que dice, en el fondo, la resolución. El Pleno sostuvo que la obligación de dar alojamiento gratuito tiene una base constitucional (no es una recomendación ni un gesto de buena voluntad, sino un derecho exigible). Esto significa que los espacios donde viven las personas jornaleras deben cumplir con condiciones mínimas de seguridad, higiene y habitabilidad, tanto para quien trabaja como para su familia, si la tiene consigo.

    El punto central de la discusión fue que el salario, por sí solo, no es suficiente para considerar que existe una relación laboral justa. Según lo expuesto ante el Pleno, las condiciones de trabajo deben incluir también elementos básicos para la salud y el bienestar, como comer de forma sana y suficiente, o tener acceso a agua apta para consumo humano. Es un cambio de perspectiva que separa el pago del trabajo (lo que se recibe a cambio del esfuerzo) de las condiciones mínimas para vivir con dignidad mientras se realiza ese esfuerzo.

    Las implicaciones de esta resolución son amplias. Para empezar, coloca a los empleadores agrícolas frente a una nueva exigencia legal que va más allá del cumplimiento salarial. Quienes contratan jornaleros ya no solo deben preocuparse por pagar a tiempo, sino por garantizar infraestructura básica en los campamentos y centros de trabajo (baños, agua potable, espacios habitables).

    Esto puede representar un costo adicional para el sector, especialmente en regiones donde la contratación de jornaleros migrantes es una práctica común y donde, históricamente, las condiciones de vivienda han sido precarias.

    Por otro lado, esta resolución también da a las personas jornaleras una herramienta jurídica concreta. Antes de esto, muchas de estas exigencias existían como buenas prácticas o como parte de discursos sobre derechos humanos, pero no necesariamente como una obligación con respaldo directo de la Corte. Ahora, si un empleador no ofrece estas condiciones, existe un fundamento judicial claro para exigirlas.

    También hay una dimensión simbólica importante. El hecho de que el máximo tribunal del país se haya pronunciado por unanimidad sobre este tema envía un mensaje sobre cómo debe entenderse el desarrollo del campo mexicano. Ya no se trata solo de producción, exportaciones o rendimiento agrícola, sino de las condiciones en las que viven y trabajan las personas que hacen posible esa producción.

    Queda pendiente ver cómo se traduce esta resolución en la práctica diaria de los campos agrícolas, y qué mecanismos de vigilancia o sanción se activarán para asegurar su cumplimiento.

    Fuente: La Prensa

  • Mujeres en agricultura no buscan ventajas sino equidad

    Mujeres en agricultura no buscan ventajas sino equidad

    Una investigación encargada por la organización Women in Horticulture, y realizada por la agencia independiente Scarlatti, acaba de poner sobre la mesa un dato que resume el problema completo. El 80% de las mujeres encuestadas en el sector dijo haber vivido discriminación por su género en algún momento de su carrera. Entre los hombres, esa cifra fue de solo 28%. El estudio se basó en 244 respuestas de encuesta y 34 entrevistas a profundidad con hombres y mujeres que trabajan en horticultura.

    Lo interesante no es solo el número, sino lo que hay detrás de él. Las mujeres entrevistadas describieron situaciones muy concretas. Tener que llegar sobrepreparadas para que las tomaran en serio. Ver cómo sus ideas eran ignoradas hasta que un colega hombre las repetía. Quedar excluidas del uso de maquinaria que sabían operar perfectamente. Y recibir comentarios sobre su apariencia, su capacidad o incluso su embarazo, algo que sus compañeros varones simplemente no enfrentan.

    Dana Carver, vocera de Scarlatti, explica que las mujeres no están pidiendo una ventaja adicional, sino la misma oportunidad que cualquier otra persona. Y ahí está la clave, porque ese tipo de petición es mucho más fácil de aceptar para una industria que teme verse obligada a dar trato preferencial.

    Aquí aparece un punto esencial. Cuando se preguntó a las mujeres qué tipo de apoyo preferían, las respuestas se dividieron casi a la mitad. Seis de cada quince mujeres consideraron útil algún apoyo dirigido específicamente a ellas, como programas de mentoría o mayor visibilidad de oportunidades. Otras seis, en cambio, rechazaron por completo cualquier programa exclusivo para mujeres, ya que temen que esto refuerce la idea de que ellas avanzan gracias a ayuda y no por mérito propio.

    Más allá de esa división, hubo un consenso amplio. El 52% de las mujeres encuestadas coincidió en que la mayor diferencia vendría de algo mucho más simple, hacer visibles las oportunidades de desarrollo y crecimiento que ya existen. Esta cifra supera por mucho a cualquier apoyo con enfoque exclusivamente femenino, lo cual sugiere que el problema no es tanto la falta de programas, sino la falta de acceso claro a la información y a las rutas de ascenso.

    El estudio también encontró algo que conviene entender bien. Hombres y mujeres comparten barreras similares para avanzar en su carrera, como la falta de confianza en sí mismos o la ausencia de rutas claras dentro de sus organizaciones. Pero el género aparece como el tercer obstáculo más importante para las mujeres (39%), mientras que para los hombres representa apenas un 3%. La razón más citada por ellas es que su opinión no se valora igual que la de sus colegas hombres.

    La implicación para la industria es clara. Carver lo resume diciendo que eliminar una barrera no es un favor hacia las mujeres, sino simplemente una buena decisión de negocio. Las empresas que actúen primero para corregir estas desigualdades tendrán acceso preferente a un talento comprometido que hoy podría estar buscando espacios más justos fuera del sector agrícola.

    Fuente: FreshFruitPortal

  • Reforma agrícola migratoria enfrenta cuellos de botella

    Reforma agrícola migratoria enfrenta cuellos de botella

    El Congreso de Estados Unidos avanza con la Securing Agriculture’s Workforce Act (SAWA), una iniciativa que busca modernizar el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales. La propuesta elimina las restricciones estacionales que hoy limitan este visado y crea un portal único para que los empleadores gestionen sus solicitudes.

    Suena como una gran noticia para el campo estadounidense. El problema es que, según líderes del sector, la infraestructura federal que procesa estas visas simplemente no está lista para soportar lo que viene.

    John Hollay, presidente de la National Council of Agricultural Employers, explica que la participación en el programa H-2A se ha duplicado en los últimos cinco años. Ahora, con SAWA abriendo la puerta a nuevas industrias (lácteos, hongos, agricultura en ambientes controlados y procesamiento de carne), se espera que el volumen de solicitudes crezca todavía más. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo, porque agregar demanda a un sistema ya saturado no mejora nada, solo traslada el problema.

    El cuello de botella más grave está en los consulados. Tom Bortnyk, del despacho másLabor, describe cómo el Departamento de Estado ha aumentado el escrutinio en las entrevistas, sobre todo cuando el trabajo incluye manejar vehículos, lo que activa revisiones adicionales de antecedentes y licencias. El resultado son retrasos que, en la agricultura, se traducen directamente en pérdidas económicas. Bortnyk menciona el caso de un contratista donde 8 de cada 10 trabajadores quedaron detenidos de forma indefinida en el consulado, y otro cliente cuyos trabajadores llegaron dos semanas tarde. En un sector donde los cultivos se pudren en el campo si no hay quién los coseche, cada día de demora cuesta dinero real.

    A esto se suma otro factor poco visible, la competencia entre programas de visas. Cada año se otorgan 66,000 visas H-2B para trabajos no agrícolas, y cerca de 33,000 de esos trabajadores compiten en primavera por las mismas citas consulares que los solicitantes de H-2A. Si además se aprueban exenciones que permitirían a más empleadores acceder al H-2B, la presión sobre esas citas aumentará todavía más, aunque se trate de programas distintos.

    Detrás de todo esto hay un tema de dinero. El Departamento de Trabajo llegó a cobrar cuotas por las solicitudes H-2A, pero una regla federal obliga a que ese dinero vaya directo a la Tesorería general, no al propio programa, así que la dependencia terminó pausando el cobro. Esto significa que, aunque existan recursos potenciales para reforzar personal en temporadas altas, las agencias no tienen forma de usarlos donde más se necesitan.

    Lo interesante es que SAWA no incluye ninguna disposición para resolver esta falta de capacidad operativa. La ley introduce mejoras reales, como certificaciones laborales de tres años y una posible portabilidad de trabajadores entre empleadores dentro de Estados Unidos, lo cual reduciría algo de presión sobre los consulados. Pero, según Bortnyk, esa reducción sería marginal comparada con el volumen total de solicitudes.

    En resumen, SAWA resuelve el papeleo, pero no toca el verdadero cuello de botella, que está en la capacidad de las agencias para procesar personas, no formularios. Si el Congreso no destina recursos específicos para reforzar al Departamento de Estado y a las oficinas consulares, los beneficios de la reforma podrían quedarse atrapados en la misma fila que hoy retrasa a los trabajadores.

    Fuente: The Packer