El Congreso de Estados Unidos avanza con la Securing Agriculture’s Workforce Act (SAWA), una iniciativa que busca modernizar el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales. La propuesta elimina las restricciones estacionales que hoy limitan este visado y crea un portal único para que los empleadores gestionen sus solicitudes.
Suena como una gran noticia para el campo estadounidense. El problema es que, según líderes del sector, la infraestructura federal que procesa estas visas simplemente no está lista para soportar lo que viene.
John Hollay, presidente de la National Council of Agricultural Employers, explica que la participación en el programa H-2A se ha duplicado en los últimos cinco años. Ahora, con SAWA abriendo la puerta a nuevas industrias (lácteos, hongos, agricultura en ambientes controlados y procesamiento de carne), se espera que el volumen de solicitudes crezca todavía más. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo, porque agregar demanda a un sistema ya saturado no mejora nada, solo traslada el problema.
El cuello de botella más grave está en los consulados. Tom Bortnyk, del despacho másLabor, describe cómo el Departamento de Estado ha aumentado el escrutinio en las entrevistas, sobre todo cuando el trabajo incluye manejar vehículos, lo que activa revisiones adicionales de antecedentes y licencias. El resultado son retrasos que, en la agricultura, se traducen directamente en pérdidas económicas. Bortnyk menciona el caso de un contratista donde 8 de cada 10 trabajadores quedaron detenidos de forma indefinida en el consulado, y otro cliente cuyos trabajadores llegaron dos semanas tarde. En un sector donde los cultivos se pudren en el campo si no hay quién los coseche, cada día de demora cuesta dinero real.
A esto se suma otro factor poco visible, la competencia entre programas de visas. Cada año se otorgan 66,000 visas H-2B para trabajos no agrícolas, y cerca de 33,000 de esos trabajadores compiten en primavera por las mismas citas consulares que los solicitantes de H-2A. Si además se aprueban exenciones que permitirían a más empleadores acceder al H-2B, la presión sobre esas citas aumentará todavía más, aunque se trate de programas distintos.
Detrás de todo esto hay un tema de dinero. El Departamento de Trabajo llegó a cobrar cuotas por las solicitudes H-2A, pero una regla federal obliga a que ese dinero vaya directo a la Tesorería general, no al propio programa, así que la dependencia terminó pausando el cobro. Esto significa que, aunque existan recursos potenciales para reforzar personal en temporadas altas, las agencias no tienen forma de usarlos donde más se necesitan.
Lo interesante es que SAWA no incluye ninguna disposición para resolver esta falta de capacidad operativa. La ley introduce mejoras reales, como certificaciones laborales de tres años y una posible portabilidad de trabajadores entre empleadores dentro de Estados Unidos, lo cual reduciría algo de presión sobre los consulados. Pero, según Bortnyk, esa reducción sería marginal comparada con el volumen total de solicitudes.
En resumen, SAWA resuelve el papeleo, pero no toca el verdadero cuello de botella, que está en la capacidad de las agencias para procesar personas, no formularios. Si el Congreso no destina recursos específicos para reforzar al Departamento de Estado y a las oficinas consulares, los beneficios de la reforma podrían quedarse atrapados en la misma fila que hoy retrasa a los trabajadores.
Fuente: The Packer