Durante años, el aguacate que llega a Estados Unidos desde México cargó con una etiqueta incómoda, de ser uno de los cultivos más asociados a la pérdida de bosques.
Eso empieza a cambiar gracias a un programa de certificación llamado Pro-Forest Agriculture (PFA), creado apenas en 2024, pero que ya cubre a más del 90% de las exportaciones de aguacate mexicano hacia Estados Unidos. Y lo logró en menos de dos años.
El programa nació de una alianza entre la organización ambiental mexicana Guardián Forestal y el gobierno del estado de Michoacán, la región que concentra la mayor parte de la producción. Su funcionamiento es, en esencia, un sistema de vigilancia satelital.
Usa imágenes satelitales, inteligencia artificial y análisis geoespacial para identificar qué huertas han talado bosque desde 2018 o tienen sanciones ambientales pendientes. Con esa información, empacadoras, procesadoras de guacamole y productoras de aceite de aguacate pueden excluir a esos proveedores de su cadena de suministro.
Hoy participan de forma voluntaria unas 80 empresas mexicanas, y el sistema de monitoreo ya cubre más de 53 mil huertas repartidas en más de 200 mil hectáreas, en los seis estados donde se produce aguacate a escala relevante.
Lo interesante aquí no es solo la tecnología, sino quién empujó el cambio. Las cadenas minoristas estadounidenses fueron el motor principal de esta adopción tan rápida. Costco se comprometió en 2025 a reducir la deforestación en su cadena de aguacate y a impulsar a sus proveedores hacia la certificación PFA. Sprouts Farmers Market fue más lejos y en mayo de 2026 anunció que todo su aguacate mexicano debe venir de proveedores certificados. Ese tipo de exigencia, viniendo de compradores grandes, es lo que obliga a toda la cadena (desde el huerto hasta la empacadora) a moverse.
Hay un antecedente que ayuda a entender por qué esto importa tanto. En 2023, la organización Climate Rights International publicó un reporte llamado “Unholy Guacamole”, donde documentó cómo la producción de aguacate para exportación había alimentado deforestación, escasez de agua y violencia en comunidades locales de Michoacán.
Un año después, otro reporte de la misma organización señaló que cuatro grandes comercializadoras seguían comprando aguacate de huertas recién deforestadas, pese a tener compromisos corporativos de sostenibilidad. Esas mismas cuatro empresas ahora participan en el programa PFA.
Esto muestra algo relevante sobre cómo cambian las cadenas de suministro agrícolas. No fue una ley la que movió la aguja, sino la presión combinada de organizaciones civiles, reportes públicos y, sobre todo, decisiones de compra de los grandes minoristas. Cuando una cadena como Costco o Sprouts pone una condición de este tipo, los proveedores no tienen mucho margen para ignorarla si quieren seguir vendiéndoles.
Aun así, el trabajo no está terminado. La certificación sigue siendo voluntaria, lo que significa que los productores vinculados a deforestación reciente todavía pueden vender en el mercado estadounidense a través de compañías que no han adoptado el sistema PFA.
En junio pasado, más de 50 organizaciones ambientales y de alimentación pidieron públicamente a más supermercados estadounidenses que exijan esta certificación a sus proveedores. La lógica es simple, mientras no todas las grandes cadenas lo exijan, siempre habrá una puerta abierta para el aguacate ligado a la tala reciente.
Lo que sí queda claro es que este caso se está usando como modelo. Si un sistema de monitoreo satelital y presión de retail logró transformar en menos de dos años una cadena de suministro tan grande y compleja como la del aguacate mexicano, la pregunta que queda flotando es si algo similar podría replicarse en otros cultivos con problemas parecidos.
Fuente: Perishable News