Durante años, el aguacate mexicano cargó con una reputación incómoda. Detrás de cada aguacate que llegaba a un supermercado en Estados Unidos podía haber un pedazo de bosque talado en Michoacán, el estado que concentra la mayor parte de la producción del país.
De hecho, un reporte de 2023 de la organización Climate Rights International, llamado “Unholy Guacamole”, documentó cómo esta cadena de exportación había impulsado deforestación, escasez de agua y violencia en comunidades locales.
Sin embargo, en apenas dos años, un programa de certificación llamado Pro-Forest Agriculture (PFA) logró que más del 90% del aguacate mexicano exportado a Estados Unidos provenga de huertos verificados como libres de deforestación reciente. El programa nació en 2024 gracias a la organización mexicana Guardián Forestal, con el respaldo del gobierno de Michoacán, y hoy ya cubre los seis estados productores de aguacate del país, con más de 53,000 huertos monitoreados en una superficie superior a 200,000 hectáreas.
La forma en que funciona es lo interesante. En lugar de depender de inspecciones tradicionales, el sistema combina imágenes satelitales, inteligencia artificial y análisis geoespacial para detectar si un huerto se estableció sobre tierra deforestada después de 2018 o si tiene sanciones ambientales pendientes. Con esa información, las empresas exportadoras pueden decidir, con datos concretos, de qué huertos comprar y de cuáles no.
Aquí es donde entra la parte que realmente aceleró el proceso, que son los propios compradores. Cadenas como Costco se comprometieron en 2025 a reducir la deforestación en su cadena de suministro de aguacate, y en mayo de 2026 Sprouts Farmers Market anunció que todo el aguacate mexicano que compra debe venir de proveedores certificados por PFA. Incluso las cuatro grandes comercializadoras señaladas en 2024 por seguir comprando a huertos deforestados (Calavo Growers, Fresh Del Monte, Mission Produce y West Pak Avocado) ya participan en el programa.
Esto muestra algo que va más allá del aguacate. Cuando los grandes compradores exigen trazabilidad, la industria se mueve rápido, incluso más rápido que muchas regulaciones gubernamentales. El poder de compra de unas cuantas cadenas comerciales terminó funcionando como una especie de política ambiental de facto, aplicada de forma voluntaria pero efectiva.
Sin embargo, todavía queda un punto pendiente. La certificación no es obligatoria y eso significa que el aguacate proveniente de huertos con deforestación reciente aún puede entrar a Estados Unidos, siempre que se venda a través de empresas que no adoptaron el esquema. Por eso, en junio, más de 50 organizaciones ambientales y de alimentación pidieron públicamente a más supermercados estadounidenses que exijan proveedores certificados por PFA.
En otras palabras, el modelo ya demostró que puede funcionar a gran escala en poco tiempo, pero su éxito total depende de que el resto de la cadena comercial (los supermercados que todavía no se han pronunciado) decida sumarse. Mientras eso no ocurra, una parte del mercado seguirá abierta para el aguacate ligado a la tala reciente de bosques mexicanos.
Fuente: Perishable News